No quedan dudas de que la llamada “agenda ambiental” signó las discusiones del primer cuarto del siglo en curso, viéndose inmiscuida en debates globales que generalmente giran en torno al desarrollo sostenible, la crisis climática, la protección del ecosistema y la biodiversidad y la perspectiva ambiental en las políticas públicas; teniendo como contracara el potencial agotamiento de ciertos bienes naturales, la revitalización de disputas geopolíticas por su control y, fundamentalmente, condiciones de vida materiales insatisfechas para un porcentaje relevante de la población mundial.
En pleno siglo XXI, la historia detrás de ciertos “conceptos” que se acuñan masivamente queda relegada o confundida en nuevos términos. Por ejemplo, los hoy tan denominados “bienes comunes naturales” tienen su origen en la doctrina elaborada por Francisco de Vitoria, fundador de la Escuela de Salamanca y del derecho internacional moderno, quién, en plena expansión de la colonización española del siglo XVI, fundamentó la existencia de un derecho natural de uso sobre ciertos recursos compartidos y comunes tanto por españoles como por indígenas americanos.
Sin embargo, la noción de “patrimonio común de la humanidad”, aplicada de manera imprecisa e incorrecta a espacios muy diferentes entre sí (por ejemplo, el Amazonas o la Antártida), recién entró en escena en la década del 60’ del siglo XX, cuando en plena Guerra Fría comenzó lentamente la discusión por la regulación de ciertos espacios considerados fuera de la jurisdicción de los Estados, como los fondos marinos, el espacio ultraterrestre, la luna y otros cuerpos celestes, a la par de una acentuada carrera por su ocupación. Este concepto trae aparejado la “no apropiación” de un espacio determinado en términos de derechos de soberanía y, por lo tanto, una gestión internacional a través de un régimen jurídico especial basado en el “reparto equitativo” de los beneficios económicos.
Es en este contexto que comenzó a sistematizarse lo que luego se denominó como derecho ambiental internacional, y desde entonces, existe un consenso respecto de su origen en la década del setenta. Fue durante la famosa “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano” de junio de 1972 de Estocolmo donde se sentaron las bases de 26 principios ambientales, con un enfoque predominantemente antropocéntrico (es decir, poniendo como centro al ser humano). Entre esos principios, surge uno muy olvidado que estipula que los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental.
Casi como un preludio, Juan Domingo Perón emitió en febrero de 1972 el conocido “Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo” -cuya atenta lectura recomendamos- donde, además de señalar el despilfarro de consumo y la escasez de los recursos naturales, lanzó una temprana advertencia sobre el uso de la tecnología y los problemas demográficos que tarde o temprano acuciarían a la humanidad. Pero no lo hizo desde una pretendida universalidad que, deliberadamente, disipa y confunde diferencias sustanciales entre países, sino que puntualizó su mirada desde el llamado “tercer mundo”:
“No menos grave resulta el hecho de que los sistemas sociales de despilfarro de los países tecnológicamente más avanzados funcionan mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por el Tercer Mundo” (...) “Esta heterogeneidad de causas debe dar lugar a una heterogeneidad de respuestas, aún que en última instancia tengan como denominador común la utilización de la inteligencia humana” (...) “Cada Nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales. Pero, al mismo tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos. El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya se trate de ciudadanos o pueblos” (...) “Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la veracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología adonde rige la economía de mercado”
Más de 40 años después, y en una clara continuidad, el Papa Francisco profundizó en la encíclica Laudato si’ la raíz humana de la crisis ecológica y la predominancia del paradigma tecnocrático. En ella se advirtió que “La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. De otro modo, aun las mejores iniciativas ecologistas pueden terminar encerradas en la misma lógica globalizada. Buscar sólo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial”. A eso, se le sumó la crítica a la desmesura del antropocentrismo moderno que hizo primar la razón técnica por encima de la realidad.
Al hablar del agua y la biodiversidad de ciertas regiones del plantea, puntualizó que “No se ignora la importancia de esos lugares para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad (...) Sin embargo, un delicado equilibrio se impone a la hora de hablar sobre estos lugares, porque tampoco se pueden ignorar los enormes intereses económicos internacionales que, bajo el pretexto de cuidarlos, pueden atentar contra las soberanías nacionales. De hecho, existen «propuestas de internacionalización de la Amazonia, que sólo sirven a los intereses económicos de las corporaciones transnacionales»”.
En el presente que estamos viviendo, la proliferación de conflictos armados producto de las tensiones geopolíticas, dejan al descubierto las capacidades con que cuenta cada país para hacer frente a dichos problemas y, de alguna forma, posicionarse en el reordenamiento mundial que está teniendo lugar hace ya más de dos décadas. En este sentido, la agenda ambiental no es una excepción, y desde ese plano, también se construyen dispositivos y se ejercen presiones con “velos” que precisan un correlato propio para ser desentrañados.
Como es sabido, y como consecuencia del Conflicto del Atlántico Sur, la Argentina bicontinental tiene el 25% de su territorio ocupado por la fuerza por parte del Reino Unido de Gran Bretaña en las Islas del Atlántico Sur y los espacios marítimos correspondientes. Si disgregamos los espacios terrestres de los marítimos, la privación de nuestro territorio cobra otra dimensión.
Esta larga disputa -una de las más extensas y antiguas a nivel mundial- no sólo hace visible el colonialismo más crudo por parte de las potencias europeas, sino que encuentra nuevas formas de dominación bajo ropajes que a simple vista simulan buenas intenciones y terminan con nomenclaturas inequívocas e indiscutibles para la mayoría.
La ocupación marítima, y su consecuente explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur, no sólo son ilegales por llevarse a cabo en territorio argentino, sino que actualmente se amparan en lo que otros colegas han denominado “eco-colonialismo”, una característica más del colonialismo de época, que se produce “bajo la apariencia de gestión ambiental responsable, en abierta contraposición al respeto de la soberanía del Estado argentino”1.
El ejemplo más claro de esta estrategia lo encontramos en el llamado Blue Belt Programme, un programa de conservación marina británico, vigente desde 2017, que tiene por objetivo erigir el liderazgo del Reino Unido a nivel mundial para abordar la sobrepesca, la extinción de las especies y el cambio climático2.
En este punto adquiere visibilidad el “eco-colonialismo”: mientras que en un área de la disputa de soberanía se aduce “protección ambiental” (Georgias del Sur), en otra -ubicada a poco más de 1000 kilómetros- se extraen ilícitamente los recursos ictícolas e hidrocarburíferos (Malvinas). Sin ir más lejos, en la temporada del año 2025, el gobierno colonial británico tuvo que adelantar el cierre del caladero por la pérdida de la biomasa marina3. En los hechos, este dispositivo funcionaría más bien como una estrategia de lavado de imagen ecológico (greenwashing en inglés) frente al resto del mundo.
Es así como el gobierno británico, con el apoyo de varias ONG, buscan a través de propuestas de preservación ambiental simular la colonización de los espacios marítimos argentinos. Es así como otros autores han detallado minuciosamente las operaciones políticas y mediáticas, tejidas en conjunto con otras embajadas, para señalar el problema de la pesca ilegal en el Mar argentino y los intereses detrás de la promoción de áreas marinas protegidas en lugares sensibles de nuestro mar, que en los hechos contribuirían con la pesca ilegal británica en el Atlántico Sur.
Por eso afirmamos, transitando hacia el segundo cuarto del siglo XXI, la necesidad de quitar los “velos”, que pretenden cubrir con “buenas intenciones ambientales”, la ocupación de nuestro territorio en sus distintas formas. Por ello, resulta imperioso poner un manto argentino en las discusiones que se proponen desde las agendas globales, que tienen alcances y efectos reales en nuestro territorio. De esta forma, podremos elaborar una respuesta argentina y sudamericana, manteniendo como prioridad el objetivo irrenunciable de recuperación definitiva del ejercicio pleno de soberanía de nuestras Islas Malvinas y de todo el Atlántico Sur.
