Soberanía Tecnológica: Lecciones de la historia argentina

La informática en la Argentina tiene orígenes tempranos. Al menos en un sentido moderno, y dejando de lado los orígenes rastreables a Wilhelm Schickard en 1623 (primera calculadora automática) o Ada Lovelace en el siglo XIX (primera programadora), la computación se desarrolló en los años 30, con Alan Turing como el gran impulsor y científico que formalizó lo que hoy entendemos como computación y el desarrollo de algoritmos.

Al mismo tiempo en que se desarrollaba en los países centrales de occidente (sobre todo en Europa, EEUU y la URSS), la Argentina ya daba sus primeros pasos. Pionera en la región, la computación en nuestro país se desarrolló casi al mismo tiempo que los países centrales y con una impronta de innovación nacional desde sus inicios.
Este desarrollo estuvo, no obstante, íntimamente ligado a los avatares de la política argentina, en particular a las interrupciones dictatoriales ocurridas en las décadas de los 60 y los 70, y al modelo de país que sufrió un cambio de paradigma del modelo industrial del peronismo al giro liberal que llevó adelante la dictadura y que afectó especialmente a la ciencia argentina ya desde los años 60.
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Profundamente vinculado al desarrollo industrial, la aparición de la computación argentina no ocurrió solamente en los claustros universitarios, sino que tuvo su correlato en el sector industrial, particularmente en la electrónica, un sector que debió su desarrollo a la política industrial acaecida en los años 40 y 50 y que vio en los años 60 su auge y eclosión.
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Si bien siempre es difícil fijar una fecha en procesos de gran complejidad, se puede señalar que un primer hito fue en el año 1957, cuando bajo el mando de Rolando García, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, se inició la construcción de un nuevo edificio, el Pabellón I de Ciudad Universitaria, donde funcionarían (y aún hoy funcionan) el Departamento de Matemática, Física y la incipiente carrera de Computación a lo que nos referiremos en breve. El rol de Manuel Sadosky, vicedecano de Exactas, es habitualmente destacado como el padre de la computación en la Argentina y como el promotor de la compra de Clementina, la primera computadora argentina. Todo esto es cierto, pero estuvo lejos de ser lo único. Los alcances del desarrollo informático excedieron a los claustros universitarios, no se situaron exclusivamente en la UBA e incidieron también en segmentos relevantes de la industria argentina y del mundo del trabajo y su organización sindical.

Ciencia y universidad

Rolando García fue designado decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA en 1957, cargo que ocupó simultáneamente con la Vicepresidencia del CONICET. Referente de la corriente de pensamiento latinoamericano PLACTED (Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo), a la que también pertenecieron figuras como Amilcar Herrera, Oscar Varsavsky, Jorge Sábato o Manuel Sadosky, fue un importante científico y epistemólogo que trabajó junto a Jean Piaget en el desarrollo de la epistemología genética. Además de sus pergaminos científicos fue, además, un protagonista de la época de oro de la ciencia argentina y uno de los más decisivos impulsores de la computación argentina.

Gracias a su cargo en el CONICET, Rolando García tuvo enorme incidencia en que se aprobara en 1958 la compra de Clementina, hecho que fue coordinado con la construcción del propio pabellón (que él también impulsó) para que pudiera alojar la máquina: la computadora ocupaba mucho espacio y debían transportarse piezas muy grandes, lo que obligó a que el traslado tuviera que coordinarse con el propio diseño edilicio. Estos aspectos arquitectónicos tan peculiares aún pueden ser observados por cualquiera que visite el Pabellón I.

Este proyecto había sido pensado en 1957 por García junto al profesor Manuel Sadosky (ya nombrado vicedecano de Exactas), quienes proyectaron la compra de la computadora junto a la creación del Instituto del Cálculo. El proyecto era integral y estratégico: la construcción de un nuevo pabellón, la adquisición de una computadora y la creación de un instituto.

El Instituto comenzó a funcionar en 1958, con la dirección de Alberto González Domínguez y la subdirección del propio Sadosky. Rebeca Cherep de Guber -primera programadora argentina- se incorporó en 1960 como secretaria técnica. Clementina llegó en 1960, aunque comenzó a funcionar en 1961. Ambos hitos -la fundación del instituto y la adquisición de una computadora- fueron el antecedente necesario de la creación de la carrera de Computador Científico, que fue presentada en 1962 y aprobada en 1963, convirtiéndose en la primera carrera de computación de Argentina y de la región.

En paralelo, la Facultad de Ingeniería de la UBA presentó un proyecto de desarrollo de una computadora propia, a cargo del Ing. Ciancaglini (proyecto discontinuado luego del golpe del 66). Pero no fue el único: en la Universidad Nacional del Sur, reciente mente creada, existió otro plan a cargo del Ing. Jorge Santos para la creación de una computadora propia. Ya desde 1956 Santos venía investigando y trabajando en el área y, con ese objetivo, constituyó el Seminario de Computadores con alumnos de la carrera de Ingeniero Electricista, marcando uno de los antecedentes más antiguos en el país para el desarrollo de la computación nacional.

A la luz de estos avances, las autoridades científicas decidieron ambos caminos: el desarrollo de una máquina propia, sumando los esfuerzos de los ingenieros Ciancaglini y Santos pero, también, la adquisición de una computadora (la anteriormente mencionada Clementina) a través de una licitación pública internacional, a la cual se presentaron cuatro firmas: IBM, Remington, Philco y Ferranti. Se optó por una Mercury, de la firma Ferranti, una marca inglesa de la ciudad de Manchester.

En resumen, esta generación de hombres y mujeres pensaron un articulado plan: desarrollo de una máquina propia, adquisición de una computadora ya funcional, la construcción de un pabellón y de una ciudad universitaria, la creación de un instituto de cálculo y, por último, el nacimiento de una nueva carrera. Un proyecto estratégico y revolucionario, que daría enormes frutos -que aún hoy cosechamos- y que pondría a la Argentina en el podio regional y competitivo a nivel mundial.

Un verdadero proyecto nacional de desarrollo no sólo científico y técnico, sino también industrial.

Para poner en contexto el nivel de desarrollo que ya había alcanzado la informática nacional: el primer programa de grado universitario del mundo, el Cambridge Diploma in Computer Science, del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Cambridge, es de 1953 y el primer programa de grado universitario en ciencias de la informática en Estados Unidos se formó en la universidad de Purdue en 1962, gracias al impulso del pionero Samuel D. Conte.

Es decir que entre el programa de grado de Purdue y el programa de grado de la UBA hay sólo un año de diferencia. Y entre el seminario del ingeniero Santos y el diploma de Cambridge hay sólo tres años.

Ciencia e industria

La Noche de los Bastones Largos sentó un nefasto precedente en la historia argentina no sólo en cuanto a la violación de la autonomía universitaria y en cuanto a la brutal represión, sino porque interrumpió un fenomenal impulso científico que se venía gestando por lo menos desde los años 40. No obstante, lejos estaban los promotores de ese acto ominoso de imaginar que de ese grupo de investigadores, técnicos, ingenieros y científicos, apaleados por la policía, saldrían los integrantes del núcleo fundacional de la industria informática de la Argentina.

Ocurre que esos mismos profesionales de los departamentos de Matemática, Física y otros departamentos, expulsados a garrotazos de los claustros académicos, conformó a partir de 1967 la División Electrónica de FATE (Fábrica Argentina de Telas Engomadas), lugar en que la innovación tecnológica aplicada a la producción de escala industrial sentaría un hito sin precedentes en la historia de nuestro país.

Manuel Sadosky debió exiliarse en Uruguay tras el golpe, pero su propio equipo pasó a trabajar en el área de Investigación y Desarrollo (I+D) de la División Electrónica de FATE.

En la tradicional fábrica de neumáticos de los hermanos Cecilio y Manuel Madanes -un lugar en principio quizás impensado- se llevó a cabo la experiencia de Innovación y Desarrollo (I+D) más audaz de la historia empresarial argentina. ¿Y quién fue quien condujo este proceso en FATE? Nada menos que José Gelbard, otra pieza clave de la época.
Según el libro Historia del sindicalismo tecnológico en la República Argentina:
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Aunque la capacidad de Gelbard ha sido sistemáticamente soslayada por los varios trabajos de investigación sobre el caso de la División Electrónica de FATE, no fue otro el responsable de esta apuesta por la innovación aplicada a la electrónica, por entonces una tecnología de punta en el mundo, que terminaría constituyendo un hito fundacional de la Industria Informática en la Argentina.

A partir de la contratación de ese equipo de científicos, la División Electrónica de FATE alcanzó un grado de desarrollo de vanguardia a nivel mundial. Destinaba el 15% de sus trabajadores al área de I+D y contaba con un equipo dividido en las áreas de: Computación, Semiconductores, Control de Procesos, Microelectrónica y Estados Sólidos. El proyecto se inició en julio de 1969, cuando Roberto Zubieta y Alberto Bilotti comenzaron a construir la estructura tecnológica de base, que incluso contaba con una oficina en los Estados Unidos, donde diseñaban sus propios circuitos integrados. Se usaban tecnologías de avanzada para la época, como los sistemas de Diseño Asistido por Computadora (CAD), que permitieron alcanzar numerosos e importantes logros. Todos los productos fueron diseñados, desarrollados y fabricados con una marca propia -CIFRA- y no se compraban licencias externas, lo que pone de relieve el enorme potencial innovador y la capacidad de generación de valor agregado.

El desarrollo fue, además de pionero en términos tecnológicos, sumamente exitoso en términos comerciales. Llegó a ser el mayor fabricante de calculadoras electrónicas de Latinoamérica y uno de los diez primeros fabricantes de calculadoras del mundo.

El boom llegó entre 1972 y 1975, cuando se llegó a exportar hasta el 30% de su producción a todo el subcontinente y a dos países de Europa. En esa misma época se lanzó la serie CIFRA 1000, un ambicioso proyecto que buscaba desarrollar una línea de computadoras nacionales que compitiera con IBM, pero fue interrumpido abruptamente con el golpe de 1976 cuando la División Electrónica de FATE se vio obligada a reconvertirse y abandonar el proyecto.

Política sectorial actual

El desarrollo de la computación en los años subsiguientes experimentó un crecimiento exponencial. Lo que en su momento era de uso y exploración exclusiva de gobiernos y academia comenzó a expandirse más fuertemente a la industria y, finalmente, a los hogares. Con la aparición de las computadoras personales y el desarrollo de internet, la computación pasó a formar parte de la vida cotidiana laboral, familiar y personal.

Para esa época, Argentina empezó a contar con vendedores mayoristas y retailers que dieron los primeros pasos en la fundación de una nueva actividad económica a nivel doméstico. El sector del software y de servicios informáticos (SSI), como todo sector económico, no estuvo exento de una regulación específica que ordenó su actividad en relación a sus particularidades y características propias. En el caso argentino del SSI, la regulación rectora que vertebra la actividad se puede sintetizar básicamente en 2 leyes: primero fue la Ley de Promoción del Software (LPS), promulgada en el año 2004, que estuvo antecedida por una importante ley previa: la ley 25.856 de declaración como industria a la producción de software. La existencia de esta ley es la que permitió que el software entrara en los foros de competitividad de la Secretaría de Industria y que, por consiguiente, se pudiera aprobar posteriormente la LPS, en el año 2004.

Fue esta la ley que sentó las bases para constituir al sector informático como una industria específica, no sólo en lo económico sino también en lo jurídico. Y, al contrario de lo que ciertos sectores empresarios concentrados difunden como un mantra y que refleja un pensamiento mágico, no fue la espontánea creación individual, sino un plan de desarrollo y un impulso estatal y público desde lo jurídico, académico, impositivo, regulatorio y laboral lo que propició que la actividad informática se constituyera en una industria y no fuera ya meramente un departamento de “sistemas” subordinado, ocupado en tareas de cadetería o en la mera resolución técnica de problemas informáticos, cuando no solamente un área de ventas de equipamiento.

En segunda instancia, hacia el año 2020, luego de una prórroga de la LPS, se sancionaría la Ley de Economía del Conocimiento (LEC), que ampliaría el abanico de actividades contempladas en el régimen de promoción anterior a actividades como nanotecnología, industria aeroespacial, industria audiovisual, entre otras. Como complemento a esas leyes, el Estado puso en práctica una política de formación masiva, apuntando especialmente a formar programadores, tanto en programas públicos nacionales (Argentina Programa y sus diversas actualizaciones, 111Mil, Codo A Codo y versiones similares a nivel provincial) como en una formidable inversión pública en institutos, centros de formación profesional, universidades, terciarios y escuelas técnicas, junto a una altísima inversión bajo la forma de exenciones fiscales, que actualmente ocupa uno de los puestos más altos en el capítulo de gastos tributarios del presupuesto nacional.

La LPS constituyó un hito y resultó sumamente beneficiosa: repercutió en un sostenido y vertiginoso crecimiento de empresas y trabajadores al mismo tiempo que la informática nacional pasó en muy pocos años de ser una actividad relativamente marginal, de unos 20.000 trabajadores, a ser un sector que emplea a más de 160.000 trabajadores y se ubica en el podio en cuanto a volumen de exportaciones.

No obstante, y a pesar de estos éxitos iniciales, las normas que han vertebrado el modelo actual que rige a nuestra industria han ido quedando obsoletas a la luz de nuevos problemas, desafíos y actores que han surgido en los últimos años. La promoción del sector y su definición como industria, que tenía un determinado sentido y motivación en el año 2004, ha cumplido un ciclo y la falta de actualización ha convertido paulatinamente a dicho régimen de promoción en un vector de concentración, contradiciendo sus objetivos y horadando las propias bases para el desarrollo de un ecosistema de empresas locales sano y robusto y de una estrategia público-privada de innovación tecnológica y reconversión productiva. La lógica de concentración y beneficios localizados para un pequeño grupo de empresarios privilegiados y acomodados al calor de vínculos burocráticos, conductas plutocráticas y tráfico de influencias ha fomentado un proceso de cartelización y de creación de empresas con el único fin de ser adquiridas fácilmente por otras más grandes, fortaleciendo la concentración ya existente y contribuyendo, además, a la extranjerización de esta industria. Un ejemplo saliente de esta concentración se puede observar en el caso de la empresa Mercado Libre, que como señalamos en nuestros informes concentra por sí sola, y consistentemente desde al menos el año 2014, un 20% de todos los beneficios.

Esta tendencia concentradora en algunas pocas empresas (Mercado Libre y Globant concentran casi el 50% de todo el subsidio público al sector) no sólo es nociva como práctica empresarial, sino que resulta perniciosa para el desarrollo del sector. Uno de los fenómenos que comienzan a ocurrir es el de una lógica autodestructiva que redunda en una especie de extractivismo que atenta no solamente contra las arcas públicas, sino también contra las oportunidades de crecimiento de otras empresas y, en suma, de todo el entramado productivo informático, lo que consolida un subdesarrollo de las capacidades.

Como señala el artículo Extractivismo de conocimiento en el sector de software y servicios informáticos, de los investigadores Gabriel Baum, Nicolás Moncaut y Verónica Robert, la reproducción de esta lógica depredatoria resulta sumamente nociva para el sector:
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El éxito de Argentina en materia exportadora responde en gran medida al desarrollo de una estrategia sectorial consensuada entre el sector privado, el sector público y la academia (Moncaut et al., 2021), que se ha desplegado a lo largo de los años en un continuo diálogo entre las partes (Barletta et al., 2017). Algunas de las acciones desarrolladas dentro de ese plan estratégico incluyeron la sanción de la Ley de Software, el desarrollo de un entramado institucional público privado (Fundación Sadosky, Fonsoft, polos tecnológicos cámaras y asociaciones privadas), diversos planes de capacitación y formación de alcance nacional, regional y local (ControlF, 111 mil, creación de carreras y tecnicaturas, becas para estudios) y la nueva Ley de Economía de Conocimiento, aprobada y recientemente reglamentada frente a la finalización del régimen previo. El sector respondió positivamente a estos incentivos con un fuerte crecimiento en materia de empleo, volumen de facturación y, particularmente, exportaciones. No obstante, el éxito exportador debe ser reevaluado a partir del tipo de inserción lograda y las oportunidades de up-grading (Moncaut et al., 2017). Frente a los problemas recurrentes de Argentina en materia de restricción externa al crecimiento económico (Diamand, 1972; Braun & Joy, 1981; Abeles et al., 2013) es frecuente centrarse en el balance comercial del sector. Sin embargo, consideramos que

una estrategia focalizada en la generación de divisas puede conllevar algunas implicaciones negativas sobre el desarrollo de largo plazo del sector. En particular, cuando tal expansión se basa en una inserción internacional en segmentos altamente competitivos e intensivos en capacidades de gran difusión y estandarización es posible que se pierda la oportunidad de colocar a este sector tecnológico al servicio del desarrollo productivo y económico de la Argentina (Moncaut et al., 2021). [...] Es decir, el modelo exportador de servicios de software actual da lugar a una explotación de las capacidades productivas del sector (incluyendo a las empresas, trabajadores y sistema de formación) que erosiona, en lugar de promover, tales capacidades que, de hecho, fueron claves para llegar al estadio de desarrollo actual del sector en Argentina.

Por otra parte, al tratarse de unas pocas empresas grandes, en su mayoría transnacionalizadas y radicadas en guaridas fiscales, no sólo se pierden habilidades y experiencias generadas por el esfuerzo del Estado y del pueblo argentino en su dimensión como contribuyente, sino que a su vez trae aparejada una escandalosa pérdida de soberanía tecnológica. ¿Por qué razón, en lugar de consolidar distintos polos de desarrollo y articulaciones entre diversas áreas involucradas en la actividad que conviertan a la Argentina en referencia regional e internacional, se ejecuta casi como política exclusiva subsidiar las ganancias de empresas con bajo desarrollo e innovación? ¿En qué beneficia al país que el esfuerzo público realizado durante décadas se oriente exclusivamente a empresas de comercio e intercambio, o empresas que no tienen interacción con otros sectores de la economía y no pueden colaborar en su desarrollo y tecnificación?

El enorme esfuerzo colectivo realizado por el pueblo argentino que ha invertido en un sector de producción e inversión tecnológica y científica no puede limitarse solamente a financiar desarrollos estandarizados cuyo único fin es la venta de alguna mercancía de interés particular. De ese modo, ocurre que un software o una tecnología que fue pensada, diseñada, financiada y trabajada por empresas, trabajadores, profesionales y universidades del país, sirve exclusivamente al lucro de una u otra empresa y no al conjunto de la Nación Argentina y de sus sectores productivos, hacia quienes debería derramar ese conocimiento en una articulación virtuosa entre distintos subsectores de nuestra economía.

Soberanía informática

Un aspecto soslayado pero que reviste enorme relevancia en el marco de una estrategia pública en cuanto al sector informático y al sector TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) es su vínculo ineludible con la soberanía nacional y, por lo tanto, con la defensa, la digitalización y los servicios públicos. En una época hiperglobalizada, donde cada vez más servicios y productos dependen de la “nube” (que no es más que un eufemismo para referirse a los centros de datos cuya propiedad es, en su mayoría, de las grandes tecnológicas), una estrategia enfocada en la seguridad informática, el desarrollo y la utilización de infraestructura local para alojar información sensible, la creación de agencias públicas que coordinen la política de servicios digitales, el resguardo de datos personales de la población, la defensa de los derechos laborales, entre otros aspectos, es una materia cada día más crucial. Tanto las empresas como los Estados y los usuarios se encuentran más expuestos cotidianamente, especialmente estos últimos años con el avance desenfrenado de los desarrollos de los Large Language Models (LLM) que construyeron las versiones actuales de IA generativa, cuyo mayor poder de cómputo y predicción, sumado a su enorme necesidad de grandes bases de datos, trae aparejados nuevos problemas y desafíos sociales, políticos y hasta en la arena de la intimidad.

Un ejemplo claro de estos desafíos en la esfera de política pública y su impacto social son las frecuentes filtraciones de datos personales que llevan a estafas masivas, el uso de algoritmos que recolectan información íntima de las personas, los ataques cibernéticos con fines criminales e incluso bélicos o, sencillamente, el manejo por parte de actores externos de información sensible de los Estados nacionales.

Algunas situaciones, negociaciones entre naciones y nuevos modelos de negocios exponen con claridad la urgencia de este problema. El reciente borrador de acuerdo con EEUU, por ejemplo, contemplaría que Argentina reconozca a Estados Unidos como “jurisdicción adecuada” para la transferencia de datos personales, se comprometa a no aplicar regulaciones diferenciadas a servicios digitales estadounidenses y, además, tiene la intención de reconocer como válidas las firmas electrónicas emitidas bajo estándares de EE.UU.

Como explica el especialista Luis Papagni en su artículo Un acuerdo silencioso que redefine la soberanía digital argentina:

Reconocer a EE.UU. como “jurisdicción adecuada” implica que datos médicos, financieros, laborales, biométricos, comerciales o educativos de argentinos pueden ser tratados bajo leyes extranjeras, con estándares que no son los nuestros y sin capacidad de supervisión real. Si un dato sensible argentino terminara en un servidor estadounidense, quien realmente tendría control no sería la Agencia de Acceso a la Información Pública, sino las cortes y las agencias federales norteamericanas. Aquí vale recordar algo esencial: en la era digital, la verdadera frontera no está en la geografía, sino en quién controla los datos que te definen. Y este acuerdo altera justamente esa frontera intangible.

Argentina construyó, a lo largo de dos décadas, una de las infraestructuras de firma digital más sólidas de la región: una Autoridad Certificante Raíz estatal; certificadores licenciados (públicos y privados) bajo auditoría permanente; presunción legal de autoría e integridad; y trazabilidad para todos los actos administrativos.

Ese ecosistema permitió garantizar seguridad jurídica en trámites, compras públicas, procesos judiciales, contratos privados, recetas médicas y expedientes estatales. La transformación pública digital argentina se consolidó como política de Estado. No es menor que desde hace más de ocho años, cada acto administrativo nacional se firma digitalmente.

Estados Unidos, en cambio, no distingue entre firma electrónica simple y firma digital. Un clic, un gesto, un “I accept”, una firma escaneada o una firma criptográfica compleja valen prácticamente lo mismo jurídicamente. Es un modelo basado en el mercado, no en la certidumbre jurídica.

Por esto este entendimiento abre una puerta riesgosa, y aún incierta: Aceptar automáticamente firmas electrónicas emitidas en EE.UU. como válidas en el derecho argentino. Y sin la reciprocidad legal.

Eso significa tres cosas, muy claras:

1. Que una plataforma privada extranjera podría emitir certificados digitales “válidos” en Argentina sin pasar por la supervisión del Estado argentino.

2. Que documentos firmados con estándares laxos podrían gozar aquí de presunción legal.

3. Que nuestra infraestructura de firma digital podría volverse irrelevante frente a proveedores extranjeros con más escala, más marketing y menos regulación.

La Argentina posee profesionales de elevado nivel y en sus diferentes comunidades informáticas existe una conciencia de que estos problemas deben ser abordados. No obstante, no existe aún en el país una política pública soberana que articule en una arquitectura institucional todos estos problemas y los aborde adecuadamente.

Los interrogantes, desafíos y misiones que tenemos por delante para consolidar un entramado informático y tecnológico soberano no son menores. Requieren, además, refinar el análisis frente a proyectos que pueden ser sinónimo de sumisión o sinónimo de oportunidades. Un caso ilustrativo que puede servir de muestra para resaltar este punto es la (aún supuesta) inversión de OpenAI en Argentina llamado “Stargate”. Esa iniciativa podría tener como único fin explotar nuestros recursos sin nada o poco a cambio (por ejemplo, aprovechar energía barata y utilizar nuestro territorio sin ninguna gran contraprestación más que algunos pocos trabajadores involucrados en la construcción edilicia) o servir, por el contrario, para potenciar el nivel de cómputo en nuestro país, tener acceso al uso de infraestructura, destinar una cuota de ese cómputo a universidades nacionales, organismos públicos o privados, servir para el desarrollo técnico y humano local o incluso el fomento de startups.

Para ello, el Estado argentino requiere de una estructura institucional que fije y ejecute políticas, directrices y estándares en materias como gobierno digital, infraestructura pública y estándares tecnológicos. Esa estrategia debe llevarse a cabo con un organismo público que, además, regule, audite y establezca un uso responsable de la inteligencia artificial en el Estado y el uso de algoritmos en general. En ese entramado, la tarea de los organismos públicos puede combinarse con la creación de una empresa público-privada de desarrollo que trabaje conjuntamente con los sectores productivos y que evite una dependencia exclusiva de proveedores extranjeros, además de servir para mantener los sistemas del Estado, optimizando y organizando las tareas de las distintas dependencias públicas, hoy desorganizadas, con tareas duplicadas y falta de cohesión interna. Es importante además un instituto de formación que capacite a los funcionarios y a los trabajadores del sector público que además articule con universidades y organismos internacionales.

Estas propuestas sobre la soberanía de nuestros sistemas informáticos e infraestructura crítica son sólo algunas reflexiones producto del trabajo conjunto con distintos expertos y colegas informáticos con los que desde el observatorio y el laboratorio llevamos adelante nuestra tarea. Pretende contribuir a un debate y a un trabajo que no puede abordarse solamente desde las instituciones de los trabajadores organizados (menos aún sin ellos), sino desde una idea de nación en la que debe contribuir el pueblo en sus distintas expresiones e instituciones, sea empresaria, política, sindical, de la sociedad civil, profesional, comunitaria, religiosa o académica.

Restan preguntas que nos debemos hacer y restan, también, tareas y desafíos. La Argentina no se encuentra hoy en el lugar en el que estaba en los años 60, con un ambicioso plan de desarrollo estratégico en marcha y una poderosa alianza entre industria y desarrollo científico-tecnológico. No obstante, la Argentina cuenta con un gran legado, un pujante sector informático, un entramado científico de primer nivel y, sobre todo, la altísima calidad de sus trabajadores, científicos, ingenieros e industriales.

La compleja y delicada realidad geopolítica y la estrepitosa carrera tecnológica que estamos experimentando obligará a nuestro país a tomar definiciones, tanto por la propia naturaleza estratégica que detenta hoy la tecnología como por el apetito de intereses extranjeros y corporativos. Decisiones que, de no ser tomadas por el pueblo argentino en pos del interés nacional, a través de sus instituciones, el Estado y organizaciones de la sociedad civil en sus diversas instancias de participación, serán tomadas forzosamente y sin aviso por una ínfima minoría de actores no precisamente motivados por la benevolencia y la búsqueda de justicia sino, más bien, la de sus mezquinos e insondables intereses.

La historia argentina es rica en enseñanzas. Aprendamos de ellas.