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Es preciso definir a los conceptos centrales del Estado moderno como conceptos teológicos secularizados, que simplemente reocuparon las posiciones que antes ocupaba Dios. Así uno puede comenzar a entender por qué ciertos períodos históricos son tan resistentes al análisis politológico convencional. No porque sean caóticos (la misma existencia humana en sociedad lo es), sino porque operan con una lógica que el análisis liberal-secular no tiene categorías para nombrar.
El período argentino entre 1955 y 1983 es uno de esos casos.
El Dios ausente
El error de partida en el que incurren propios y ajenos es limitarse a describir al peronismo como un movimiento político. No porque no lo sea (lo es, con sus estructuras partidarias, sus sindicatos, sus aparatos de militancia) sino en el sentido de que esa descripción es radicalmente insuficiente para explicar las consecuencias dramáticas que siguieron a su proscripción.
Cuando la Revolución Libertadora quema las imágenes de Evita, prohíbe pronunciar el nombre de Perón, intenta borrar cada rastro material del régimen anterior, va más allá del límite de una mera operación política. La “desperonización” es una desacralización forzada de algo que funcionaba, en la experiencia de millones de personas, como una religión civil.
Toda revolución es la pretensión de los hombres de hacer por sí mismos nuevas todas las cosas, y por lo tanto, tiene de fondo una configuración anticrística. Así, la Revolución puede entenderse como un misterio de orden religioso que la mayoría de los revolucionarios no pueden comprender, porque para comprender los misterios hace falta la luz de la fe. Resulta irónico que un proceso político encabezado por el nacionalismo católico haya reivindicado su propio accionar como “revolucionario”.
El intento de proscripción formal encuentra una límite en el plano simbólico, ya que al ser expulsado de la comunidad política argentina, ese dios prohibido se convierte en promesa escatológica. Perón en Madrid pasa de ser un simple expresidente en el exilio a ser una divinidad ausente, al que su militancia hará regresar para consumar la redención del Pueblo.
El movimiento peronista, entonces, es una fuerza política que oscila entre la tensión de esperar su oportunidad electoral y tener que administrar una comunidad de fe bajo persecución, con todo lo que eso implica en términos de cohesión, de intensidad, de disposición al martirio.
Dieciocho años de proscripción no lograron erosionar al movimiento. Lo convirtieron en el principio organizador de toda la política argentina, incluyendo la política de sus enemigos, que tampoco podían pensarse fuera de esa relación. Acá encontramos la primera clave schmittiana: la distinción amigo/enemigo no es una descripción de la realidad sino una decisión que produce realidad. Después del quiebre producido en 1955 esa distinción se volvió estructuralmente irresoluble y produjo en el peronismo algo que cualquier teólogo podría haber anticipado: lo volvió indestructible.
Si “toda cuestión política es, en el fondo, una cuestión teológica”, detrás de todo error político hay un error teológico.
La guerrilla como partisano mesiánico
El guerrillero moderno, a diferencia del soldado regular, opera al margen de las convenciones del derecho internacional, no lleva uniforme, se funde con la población civil, actúa desde la clandestinidad, encarnando la intensidad política en estado puro: una hostilidad sin formalismo jurídico.
Los Montoneros representan la superación de guerrillero con un programa político para convertirse en partisanos con escatología. Son el brazo armado de una teología de la redención. Se conciben como el instrumento que acelerará el retorno del líder y, con él, la instauración de la patria socialista. Se crea un cóctel de marxismo (una ideología escatológica) mezclado con nacionalismo popular y con una mística del martirio que viene directo de la religión civil peronista. Esa mezcla produce algo cualitativamente distinto al foquismo clásico: un combatiente que no puede retroceder sin negarse a sí mismo, porque su identidad está construida sobre la certeza de estar del lado correcto de la historia redentora.
Esto explicará la decisión militarmente suicida y políticamente cuestionable de continuar la guerra frontal después del golpe de 1976. El cálculo racional diría: retirarse, sobrevivir, reagruparse. La lógica del martirio dice: “la derrota confirma la sacralidad de la causa”. El mártir que cae no fracasa, consagra.
Retirándonos momentáneamente de la discusión sobre si la resistencia era legítima o no, y más allá de las simpatías o animosidades en contra de las víctimas del terrorismo de Estado, es preciso reconocer que esa lógica mesiánica fue, en términos operativos, una catástrofe. Una organización que no puede aceptar la derrota como posibilidad real ya no está haciendo política.
El Plan Cóndor y la manufactura de la excepción
Este es un punto que genera incomodidad por su cercanía retórica con la “teoría de los dos demonios”, y en algún sentido, obliga a sostener simultáneamente dos afirmaciones que el debate público argentino suele tratar como incompatibles.
- El terrorismo de Estado de 1976-1983 fue un plan criminal de proporciones monstruosas, sin ninguna justificación moral ni política posible.
- Las condiciones para ese golpe (la demanda popular de orden, el colapso del gobierno peronista, la espiral de violencia) no surgieron espontáneamente. Fueron construidas por los diferentes sectores de la comunidad política.
La presencia documentada de elementos de la Propaganda Due en Argentina (con al menos 700 miembros identificados entre los que figuran altos mandos militares como Massera, figuras de inteligencia y operadores mediáticos) sugiere que operó sobre el país la misma strategia della tensione que la logia había perfeccionado en Italia durante los años de plomo.
La lógica demanda producir artificialmente el nivel de violencia y caos suficiente para que la demanda de excepción se vuelva irresistible. No hay que fabricar cada evento desde cero. Basta amplificar, atribuir, desplazar.
El proceso que termina por habilitar el golpe de 1976 difiere de la Revolución Libertadora en el sentido de que delega la legitimación del momento decisorio a través de una “ingeniería del caos”, que intenta absolver a los decisores. En 1955, el nacionalismo católico se asume como una cruzada moral a priori; en 1976 la Junta Militar asume en un clima de inevitabilidad de ese momento decisorio (la suspensión de la constitución, la represión clandestina).
Ésta operación no fue realizada por el soberano local (los militares y civiles que terminarían dando el golpe) sino para ellos, por una red paraestatal transnacional que operaba por debajo del umbral de visibilidad política normal. Aquí ya no estamos en presencia de un soberano quien decide la excepción. Es una red de poder encubierto (Plan Cóndor) la que manufactura las condiciones para que el soberano tenga que declararla. La soberanía, que representa el momento más alto de la decisión política, se convierte en el producto de una ingeniería invisible.
Rucci, Mugica, y la lógica del sacrificio
Hay dos asesinatos que preceden al golpe, dos operaciones simbólicas opuestas, que sirven a la misma estructura narrativa.
José Ignacio Rucci muere el 25 de septiembre de 1973, cuarenta y ocho horas después de la victoria aplastante de Perón en las elecciones. El timing tiene una precisión que dota al hecho de una gran efectividad operativa, pero también está cargado de ambigüedad. Si los Montoneros lo ordenaron (como la versión oficial sostiene) el motivo declarado fue presionar a Perón hacia la izquierda. Pero el efecto estructural, independientemente de la autoría, fue darle a Perón el pretexto para el giro que ya estaba preparando. El asesinato de Rucci hace posible la expulsión de los Montoneros en Plaza de Mayo, en mayo de 1974.
Haya sido o no fabricado, operó como si lo hubiera sido. ¿Qui bono?.
El padre Carlos Mugica muere en mayo de 1974, en un ataque atribuido a la Triple A. Sacerdote tercermundista, mediador entre el Estado, la comunidad eclesial, la juventud política radicalizada y las masas populares de las villas, era exactamente la figura que la estrategia de tensión no podía tolerar. No porque fuera peligroso en términos militares. Sino porque era el tipo de persona que niega en la práctica la absolutización de la distinción amigo/enemigo. Mugica tendía puentes. Y los puentes, en una lógica que necesita la guerra total, son el enemigo más peligroso.
La víctima expiatoria no es elegida porque sea culpable. Es elegida porque su eliminación produce, o debería producir, la reconciliación del grupo mediante la canalización de la violencia sobre un único blanco. Lo que la estrategia de tensión hace es invertir ese mecanismo: no usa el sacrificio para restaurar el orden, sino para profundizar el desorden hasta el punto en que la demanda de orden excepcional se vuelve irresistible.
Rucci fue el sacrificio que activó la excepción dentro del peronismo. Mugica fue el sacrificio que clausuró la posibilidad de desactivarla.
El Proceso como “teología oscura”
El golpe del 24 de marzo de 1976 se presenta frente a parte de la sociedad como una intervención redentora. El “Proceso de Reorganización Nacional” (el nombre mismo es el primer acto de teología política) implica que el cuerpo de la Nación tiene una enfermedad que debe ser extirpada. La “subversión” como enemigo absoluto, definida en términos tan amplios que podía incluir a cualquiera, cumple la función schmittiana del enemigo existencial: no el adversario con quien se puede negociar, sino la amenaza que justifica la guerra sin límites ni procedimientos.
Lo que sigue —los 30.000 desaparecidos, los centros clandestinos de detención, los vuelos de la muerte— tiene la estructura formal de un ritual sacrificial. Pero con una inversión crucial que lo distingue del sacrificio en el sentido tradicional: es secreto, clandestino.
El sacrificio genuino, en la antropología religiosa, es público y reconocido por todos. La víctima es ofrendada ante la comunidad, que se reconcilia en el acto. El sacrificio clandestino, lejos de producir esa reconciliación, sólo propicia la acumulación de deuda simbólica. Los cuerpos que desaparecen en el Río de la Plata o enterrados en centros clandestinos de detención a lo largo de todo el país, no purifican el cuerpo social. Lo contaminan. La desaparición como método no es más eficiente que la muerte visible porque no puede ser reconocida por ese cuerpo social. Es, en un sentido profundo, teológicamente disfuncional: produce exactamente lo contrario de lo que el mecanismo sacrificial debería producir.
Décadas después, esa deuda simbólica sigue siendo quizás una de las grietas más profundas de la historia argentina.
La primavera democrática como ficción necesaria
Uno puede (y yo creo que debe) valorar la transición democrática y el juicio a las Junta Militar como un logro real, sin necesidad de ignorar lo que también fue: una operación de teología política de primera magnitud. Visto desde este ángulo, el lema “memoria, verdad y justicia” adquiere otras dimensiones.
La narrativa que se construye en 1983 tiene todos los elementos del mito fundacional. Con su pecado original (la violencia armada y el terror como instrumento político) y sus Tablas de la ley (la Constitución recuperada, los derechos humanos como nuevo orden sagrado); los mártires (los desaparecidos, sublimados en víctimas que fundan la nueva comunidad política) y una promesa escatológica: la democracia como el orden que previene el retorno del mal.
El problema es que ese mito fundacional requiere, para funcionar como tal, una simplificación radical de lo que precedió. Necesita una distinción amigo/enemigo limpia: las Fuerzas Armadas como encarnación absoluta del mal, la sociedad civil como la víctima inocente. Y esa simplificación borra deliberadamente la complejidad de todo lo describimos hasta acá: la estrategia de tensión, el Plan Cóndor la violencia guerrillera y su propia teología del martirio, la responsabilidad de actores dentro del propio peronismo, la complicidad civil del resto de los espacios políticos, los crímenes de la Triple A antes del golpe.
Esa simplificación está lejos de ser un error intelectual evitable. Es una mentira noble: una narrativa funcionalmente necesaria para refundar la comunidad política sobre bases mínimamente compartidas. Sin ese relato, no hay transición posible. Pero la mentira noble tiene el defecto de su virtud: es frágil. Depende de que las preguntas que la interrogan permanezcan sin respuesta, o sin respuesta pública.
Cuarenta años después, esas preguntas siguen abiertas, llenando mesas de librería y horas de aire en radio, TV y streaming. ¿Quién mató a Rucci? ¿Quién mató a Mugica? ¿Qué pasó exactamente con los vínculos entre la Triple A, el aparato de López Rega y las redes de la Propaganda Due? ¿Qué grado de coordinación había entre los artífices de la estrategia de tensión y los sectores militares que dieron el golpe? La reapertura periódica de estos interrogantes no es un síntoma de “grieta” en el sentido banal del término. Es la señal de que el milagro fundacional de 1983, como todos los milagros fabricados, no terminó de cerrar la herida que pretendía sanar.
Coda
Los dispositivos de la falsa bandera, la excepción, el sacrificio fabricado, no son aberraciones del sistema político moderno. Son posibilidades inscriptas en su lógica. Un sistema que funda la soberanía en la decisión excepcional, que reconoce la fractura irreducible entre legalidad y legitimidad, y que ha secularizado sin resolver los conceptos teológicos que organizaban el orden premoderno, es un sistema que siempre tendrá esa caja de herramientas a su disposición.
La pregunta que esto debiera generar no es “¿quién fabricó este ataque a la comunidad política nacional?” La pregunta es “¿qué estructura de intereses políticos y económicos hace que fabricarlo sea conveniente?”.
Y esa pregunta no tiene una respuesta que tranquilice a nadie.











