La llegada del gobierno de ocupación encabezado por Javier Milei coincidió con el trigésimo aniversario de la última reforma constitucional. Sin embargo, poco se habló del tema, ya que la urgencia y la coyuntura llevaron a periodistas, influencers y analistas a intentar explicar cómo llegó al poder un antisistema decidido a destruir cada uno de los consensos democráticos. Se intentó predecir el funcionamiento de los frenos y límites que la política le impondría, asegurando que Milei no podría avanzar con su agenda de reformas. Pero la realidad demuestra lo contrario: hoy nuestro país parece estar reducido a un enclave semicolonial por la sola voluntad de quien ejerce la Presidencia de la Nación.
Este proceso profundiza un camino iniciado por gobiernos anteriores que, con diversos recursos económicos y políticos, llevaron al país a este estado. De hecho, una primera aproximación a la realidad nos podría hacer pensar que estamos ante una situación de anomalía. Pero si repasamos la historia, vemos que las reglas de juego permitieron la llegada de De la Rúa, Macri y Milei (con figuritas repetidas como Bullrich), y que puedan ir a Washington impunemente a entregar las llaves de la Casa Rosada a cambio de divisas.
Estas reglas permitieron que esas divisas, tal como sucede desde la época de Rivadavia, enriquezcan a unos pocos en lugar de volcarse a la infraestructura, el desarrollo productivo o la mejora del aparato científico y educativo. Por lo que, más que una anomalía, parece ser una consecuencia del modelo establecido. En palabras de Stafford Beer: "no tiene sentido afirmar que el propósito de un sistema es hacer lo que constantemente no logra hacer".
Quizás entonces pueda pensarse que Milei no es necesariamente un agente que se opone al orden establecido, sino más bien un resultado natural del modelo, lo que hace inevitable preguntarse entonces: ¿cuál es la raíz que sostiene esta estructura?
La Norma Suprema
El texto constitucional no deja dudas sobre la pirámide normativa sobre la cual se asienta el andamiaje jurídico argentino: la Constitución Nacional es la norma suprema del país y a ella deben obediencia todos los actos realizados por particulares, empresas y la estructura estatal (nacional, provincial y municipal). Su importancia no es menor: establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos, los límites del poder estatal y, fundamentalmente, el modelo de país que se persigue. Al fin y al cabo, ninguna norma está exenta de ideología, y mucho menos la Constitución.
Tal es su peso que hoy, a 174 años de Caseros, todavía hay quienes le recriminan a Juan Manuel de Rosas, el Restaurador de las Leyes, no haber promovido la sanción de una Constitución Nacional, a pesar de haber brindado orden y unidad a un país en plena anarquía.
En una de las tantas ironías de la política, los victoriosos de la Guerra Civil (unitarios y liberales) terminaron sancionando una Constitución nominalmente federal. Inspirada en la norma fundamental norteamericana, funcionó como una especie de tabula rasa para dejar atrás el pasado hispánico y católico que los "civilizados" constituyentes despreciaban.
De esta forma se consolidaron las condiciones que dieron base a la Argentina liberal, vigente hasta la irrupción del yrigoyenismo, construido sobre las cenizas de la Patria Grande de San Martín, Rosas y Artigas. Fue forjado con la mirada del territorio como una maldición y sostenido con la sangre de gauchos y caudillos.
La llegada del yrigoyenismo marcó un hito en la vida política argentina como resultado del voto universal, prometiendo ser una ruptura del status quo. Sin embargo, el sistema contaba con anticuerpos que reaccionaron con el golpe de 1930 y la posterior Década Infame. Finalmente, el peronismo logró interrumpir ese proceso y dio lugar al nacimiento de un modelo distinto, cuyo norte era la Independencia Económica, la Soberanía Política y la Justicia Social. Ese proyecto fue consagrado en el texto constitucional de 1949, que reemplazó la mirada liberal de los enemigos de Rosas por una arquitectura jurídica basada en la Doctrina Social de la Iglesia: una Constitución de carácter telúrico, con el pueblo en el centro, que no buscaba emular a las potencias del norte.
Tan profunda fue la transformación que, incluso tras la derogación del texto por el golpe de 1955, el peronismo, aún proscripto y perseguido, logró imponerse: los golpistas se vieron obligados a incorporar en la Constitución de 1853 el artículo 14 bis, reconociendo así los derechos del trabajador, la seguridad social, la familia, los jubilados y los sindicatos. Fue el reconocimiento fáctico de que la Argentina liberal había mutado.
La Reforma del 94
Entre 1955 y 1976, Argentina se vio envuelta en una inestabilidad política permanente, con quiebres institucionales que intentaron, una y otra vez, voltear las chimeneas que levantó Perón y revertir el camino de emancipación iniciado por el peronismo. Las atrocidades cometidas por la última dictadura no solo deslegitimaron a las fuerzas armadas en forma total ante la sociedad, sino que hicieron ver a las fuerzas políticas, con el regreso de la democracia, la necesidad de establecer un nuevo conjunto de reglas.
Luego de la renuncia anticipada de Alfonsín, en un proceso marcado por el fracaso de sus planes económicos, los levantamientos carapintadas y los indultos menemistas, los actores políticos acordaron reformar la Constitución. Se esgrimieron razones sobre la necesidad de modernizar un texto con casi 150 años de vigencia y tantas interrupciones institucionales: es fácil olvidar que el último presidente que había concluido su mandato antes de la asunción de Menem había sido el propio Perón, en la década de 1950. El Pacto de Olivos marcó un hito: por primera vez desde el 17 de octubre de 1945, el antiperonismo, ya no agrupado en la Unión Democrática sino fragmentado en espacios progresistas, de centro y conservadores, reconoció al justicialismo como un interlocutor válido para discutir las reglas de juego del país.
Este reconocimiento se dio en un marco de fortaleza política pero debilidad doctrinaria, con un peronismo infiltrado por el liberalismo y en plena reconstrucción tras haber sufrido la pérdida de una generación de cuadros diezmada bajo la dictadura. Esto, sumado a la voluntad férrea de Menem por la reelección, explica las claudicaciones realizadas ante Alfonsín, quien buscaba otorgar mayor poder institucional al radicalismo frente a la hegemonía justicialista que preveía a futuro.
A simple vista, la reforma fue exitosa: fue aceptada por todos los partidos políticos y diseñó el tablero sobre el cual se movió la política desde entonces. Desde ese momento el riesgo de una interrupción democrática parece lejano, incluso la crisis de acefalía de 2001 se resolvió dentro del marco institucional. En un nivel más sustantivo, la reforma consagró la ratificación de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, el reconocimiento de la necesidad de la protección ambiental y la incorporación de garantías como el habeas corpus, aunque también dio lugar a problemas que a treinta años están lejos de resolverse, como la composición del Consejo de la Magistratura o la transferencia de funciones a la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, uno de los conflictos más profundos de la Argentina post reforma es el auge de provincialismos que amenazan con una eventual balcanización: la falta de consensos para definir un régimen de coparticipación, sumada a la ausencia de estrategias nacionales en seguridad, salud, educación o la gestión de recursos naturales, desplazó totalmente el debate sobre un proyecto de país. Mientras por un lado los representantes provinciales parecen defender intereses locales, los de sus gobernadores o caudillos, vemos por otro una sobrerrepresentación del AMBA en la agenda "nacional", lo que reduce al país a unos pocos kilómetros cuadrados. Nada muy diferente a lo que sucedía en 1853: parece que el sistema de aquella Constitución funciona de forma muy aceitada.
Más allá de lo expuesto anteriormente la llegada de Milei refleja algo claro, que el consenso democrático consolidado en 1994 con la reforma permitió la existencia de un régimen injusto.
¿El pasado por delante?
Para el justicialismo, haber sido aceptado como coautor de las reglas del juego descritas anteriormente lo colocó en una encrucijada: ¿cómo mantener el espíritu revolucionario dentro de un orden que ayudó a diseñar? La salida que parece haber encontrado el movimiento fue reducir su vocación transformadora para jugar bajo esas reglas y autolimitó su capacidad revolucionaria. Esto no es sólo resultado del texto constitucional, sino del rol que eligió: junto al progresismo, el conservadurismo y el radicalismo, se convirtió en garante del modelo de país que impulsaba la reforma. Al fin y al cabo, ¿Cómo puede uno rebelarse contra aquello que ayudó a crear?
En el año 1979, Jorge Rafael Videla afirmó que no veía cabida para el peronismo tal como existía entonces: un movimiento con clara vocación de poder y espíritu revolucionario. Aclaraba así una de las intenciones del golpe: que el movimiento nacional y popular sobreviviera únicamente bajo una forma mansa y domesticada. En muchos sentidos los 90 son una profundización de la dictadura, y acá puede verse la trampa del 94, y una de las razones por las cuales el otrora movimiento proscripto y perseguido fue aceptado en esa mesa: ya no corría riesgo de ser exterminado por la violencia golpista, pero sí podía ser domesticado por la vía democrática.
El futuro no está en el pasado. No reside en una reivindicación fetichista de la Constitución de 1949 ni en una aceptación acrítica de la reforma del 94. Estamos ante el desafío más grande que enfrenta el movimiento: no vivir de la nostalgia de un pasado mejor ni aceptar las reglas de un presente injusto, sino recuperar el espíritu que permitió construir una Patria justa, libre y soberana.
