El Sur: entre los límites y el futuro

El futuro como campo de disputa

Hablar del siglo XXI y del que vendrá, exige algo más que proyecciones y escenarios. Exige descolonizar el futuro, porque no todo futuro es neutral, ni toda promesa de progreso es universal. Las narrativas que hoy ordenan el debate ambiental global nacen, en su mayoría, en los centros de poder que construyeron su bienestar sobre siglos de extracción, expansión y desigualdad. Desde esos pedestales se nos propone una hoja de ruta que exige moderación, sacrificio y límites, como si la historia comenzara ahora y todos partiéramos del mismo punto de partida, o de la misma cuota de responsabilidad. 

Desde El siglo XXI es un umbral. Vivimos en una época que asume estar en transición, pero que aún no logra nombrar con claridad hacia dónde va. La crisis ambiental global suele presentarse como el signo más evidente de ese agotamiento, pero reducirla a un problema técnico o de gestión del daño es una forma elegante de evadir la pregunta central: quién define el futuro y desde dónde se lo imagina., un país que ha sido laboratorio de endeudamiento, ajuste estructural y reprimarización esa invitación suena conocida. Se nos convoca a “cuidar el planeta” sin discutir quién lo dañó, a “pensar en las próximas generaciones” sin revisar las jerarquías heredadas, a asumir responsabilidades sin poder real de decisión. El futuro aparece como un espacio ya diseñado, al que solo se nos permite adaptarnos con disciplina. 

El futuro no es un consenso técnico.
Es un campo de disputa política, material y simbólica.

No aceptemos que el porvenir nos sea presentado como un ajuste de expectativas. No aceptemos una pedagogía del límite que se aplica siempre sobre los mismos territorios y los mismos cuerpos. La crisis ambiental profundiza la desigualdad, y por eso mismo, cualquier intento de pensar una salida que no revise las condiciones históricas y geopolíticas que la produjeron está condenado a reproducirlas.

El problema no es pensar el desarrollo en un mundo finito. Pero quién define qué significa desarrollarse y quién queda reducido a administrar las consecuencias es el problema de nuestra época. Cuando el debate ambiental se formula como una oposición abstracta entre “protección” y “crecimiento”, se consolida una división internacional de roles: unos producen futuro, otros gestionan límites. En países como el nuestro, esa lógica adopta la forma de exigencias ambientales sin soberanía económica, el cuidado sin control territorial y una transición sin base material.

Abrir el tiempo implica animarse a otra pregunta. Ya estamos sobreviviendo al colapso, pero debemos preguntarnos  qué tipo de vida queremos producir y con qué grado de autonomía. Pensar el futuro desde el Sur, y desde Argentina en particular, no se trata de gestos identitarios ni de actos de fe ingenua. Es una necesidad histórica. Porque si no disputamos el sentido del porvenir, otros lo seguirán escribiendo por nosotros con los mismos intereses y las mismas exclusiones de siempre.

La trampa del lenguaje: ambiente vs desarrollo

La dicotomía entre “lo ambiental” y “el desarrollo” se presenta como una discusión razonable, casi de sentido común. Pero lejos de ser neutral, funciona como una tecnología de poder que ordena jerarquías a escala global. No son dos términos en tensión, se trata  de un marco impuesto que define de antemano quién puede crecer, quién debe limitarse y quién está autorizado a imaginar el futuro.

El desarrollo aparece asociado a la expansión, la innovación y el bienestar, mientras que el ambiente queda reducido al terreno de la contención social, el cuidado romántico y la renuncia a la innovación. El Norte global conserva así el monopolio del progreso, al tiempo que asigna al Sur el rol de guardián del límite. Dándole una actualización verde a la vieja distribución colonial de funciones.

En nombre de la urgencia climática se nos exige responsabilidad sin tener el poder, moderación sin justicia ni reparación histórica y sacrificio mientras nos arrebatan las últimas reservas de soberanía. Se nos convoca a administrar los daños de un sistema que no diseñamos y del que no fuimos los principales beneficiarios. El resultado es una narrativa que naturaliza la desigualdad bajo la forma de una ética ambiental que siempre recae del mismo lado del mapa.

Cuando aceptamos ese lenguaje, el debate queda clausurado antes de empezar. La pregunta pasa de cómo producir vidas dignas en equilibrio con los territorios y se convierte en cuánto estamos dispuestos a resignar. El futuro se achica. Perdemos la capacidad de hacer una apuesta colectiva por otra forma de habitar el mundo y lo reducimos a una gestión eficiente de la escasez.

Esta trampa discursiva también alcanza a buena parte del ambientalismo contemporáneo. Un ambientalismo que, despojado de conflicto y de proyecto político se limita a moralizar conductas individuales y a promover ajustes de comportamiento, mientras deja intactas las estructuras que organizan la destrucción. Un ambientalismo que denuncia síntomas, pero evita disputar las causas.

El Sur queda así fijado como administrador de límites, nunca como productor de futuro. Y Argentina, una vez más, como territorio de compensación.

Romper con esta dicotomía no implica negar la crisis ambiental ni relativizar su gravedad. Implica, por el contrario, repolitizarla. Volver a inscribirla en las preguntas por la soberanía, la justicia y el sentido del desarrollo. Implica asumir que no hay transición ecológica posible sin base material, ni cuidado del ambiente sin capacidad de decisión sobre los territorios, los recursos y los modelos productivos.

El verdadero dilema no es ambiente o desarrollo. El dilema es si aceptamos un futuro diseñado por otros o si nos animamos a producir uno propio. Y esa decisión es histórica.

Cuando el ambientalismo se vuelve funcional

En los últimos años, el ambientalismo ha ganado centralidad en el debate público. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los bienes comunes ya no pueden ser ignorados. Sin embargo, esa visibilidad no siempre se traduce en una politización del problema. Por el contrario, muchas veces adopta una forma desactivada, compatible con el orden existente, que canaliza la angustia sin alterar las relaciones de poder.

Este ambientalismo, bienintencionado y prolífico en diagnósticos, se apoya en una pedagogía del sacrificio. Nos invita a cambiar hábitos, a reducir consumos, a “hacer nuestra parte”, mientras desplaza el foco de las decisiones estructurales hacia la esfera individual. La responsabilidad se fragmenta y se moraliza. El daño se vuelve una cuestión de conducta y no de modelo ya que la crisis ambiental se transforma en un problema de conciencia y no de soberanía.

En Argentina, esta narrativa convive con incendios intencionales, pérdida de control territorial, avances extractivos y fragilidad estatal. Sin embargo, estos procesos suelen ser leídos como tragedias naturales o desajustes locales, y no como expresiones de inserción subordinada en el orden global. El ambientalismo dominante llega, muchas veces, cuando el daño ya está hecho: gestiona las pérdidas mientras contabiliza hectáreas quemadas y convoca a la resiliencia, sin disputar las condiciones estructurales que convierten al fuego, al despojo y a la degradación en herramientas recurrentes de reorganización territorial.

También en el fuego se repite la misma escena: Argentina apagando incendios que no decidió encender.

Recuperar el potencial transformador de la cuestión ambiental implica sacarla del terreno de la culpa y devolverla al de la decisión colectiva. Pasar del gesto individual al proyecto común. Y reconocer que no hay justicia ecológica posible sin justicia histórica, ni transición sostenible sin soberanía nacional.

Lo que no se mide, no existe

En el centro del debate ambiental global hay una operación decisiva: definir qué cuenta y qué queda fuera del registro. Las métricas nunca son neutrales. No solo describen el mundo sino que lo gobiernan. Ordenan responsabilidades y delimitan el campo de lo discutible. Aquello que no se mide, no se nombra; y lo que no se nombra, no entra en la disputa política.

Las emisiones y los impactos socioambientales se contabilizan según criterios producidos en los mismos espacios que concentran poder económico, tecnológico y militar. Bajo esa lógica, ciertos flujos de destrucción quedan sistemáticamente invisibilizados porque nombrarlos implicaría interrogar el corazón del orden global.

En esa zona gris se inscriben las guerras, las ocupaciones territoriales, los despliegues logísticos y la infraestructura militar a escala planetaria, ya no como episodios excepcionales, sino como condiciones permanentes de funcionamiento del sistema internacional. La destrucción ambiental asociada a estos procesos rara vez forma parte de los balances oficiales, aunque sus efectos sean profundos, persistentes y muchas veces irreversibles.

Para países como el nuestro, atravesado por disputas de soberanía como la ocupación colonial británica de Malvinas y la proyección sobre el Atlántico Sur, esta omisión es política. Invisibilizar esos impactos implica borrar una dimensión central de la relación entre ambiente, territorio y poder.

Disputar el futuro implica también disputar las formas de medirlo. 

Volver visible lo que hoy se silencia es un acto de soberanía. Es negarnos a administrar consecuencias sin discutir causas. Es insistir en que el ambiente no es solo una variable ecológica, sino una dimensión central de la disputa geopolítica contemporánea.

El Sur como estrategia, desde Argentina

No intentamos un gesto cultural ni una simple afirmación moral. No alcanza con reconocernos periféricos ni con reivindicar una identidad compartida hecha de carencias y agravios históricos. El Sur, para ser algo más que una categoría descriptiva, debe asumirse como estrategia política y material. 

Durante demasiado tiempo, el Sur fue pensado como problema o como una reserva de recursos naturales. En ambos casos, se le negó capacidad de iniciativa histórica. Asumir el Sur como estrategia implica preguntarnos, desde Argentina, con qué recursos, con qué actores y con qué formas de articulación regional podemos producir autonomía en un mundo crecientemente fragmentado.

No hay proyecto ambiental emancipador sin proyecto de desarrollo propio, ni desarrollo posible sin integración regional y control democrático de los recursos estratégicos. Convertirnos en productores de futuro exige salir de la lógica de la adaptación permanente. Exige capacidad de planificación, decisión política y conflicto. 

Pensar el futuro es una toma de posición. En un mundo atravesado por crisis superpuestas -ambientales, económicas, bélicas, tecnológicas- el porvenir se disputa en el presente, en cada decisión que se posterga y en cada límite que se acepta como inevitable.

Durante demasiado tiempo, al Sur se le pidió paciencia. Paciencia para desarrollarse, paciencia para integrarse, paciencia para esperar su turno. Hoy esa espera adopta una nueva forma. La idea de que nuestro destino es administrar lo posible mientras otros definen lo deseable. 

Pero no hay neutralidad posible. Aceptar ese lugar es también una decisión. Una que nos condena a gestionar daños, a apagar incendios, a ajustar expectativas. A vivir en un presente perpetuo donde el futuro siempre llega desde afuera.

Producir futuro implica romper con esa inercia. Implica decidir qué tipo de vida queremos sostener, qué territorios queremos habitar y bajo qué condiciones. El Sur no está condenado a administrar los márgenes de un mundo agotado. Puede ser, si se lo propone, el lugar donde emerjan otras formas de desarrollo, cuidado y comunidad.

El futuro no nos espera.

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