O tocamos todo, o no tocamos nada

Cuando arrancamos la universidad, hace unos años, había un profesor que nos decía que éramos ambientalistas. Al principio nos llenaba de orgullo. Habíamos elegido una carrera vinculada al ambiente y nos gustaba pensarnos como personas capaces de defender una causa justa, de comprometernos con algo más grande que nosotras mismas. Para nosotras, ser ambientalistas era casi una forma de rebeldía. Hijas del 2001, las injusticias nos convocaron desde muy chicas a sentir el impulso de "salir a marchar", a creer que así podríamos cambiar el mundo.

A medida que avanzamos en la carrera (y en la vida), fuimos incorporando herramientas teóricas y cruzando disciplinas. Nuestros ojos empezaron a mirar los problemas con más complejidad. Entendimos que los conflictos ambientales rara vez son sólo ambientales. También son socioeconómicos, políticos y de poder. Y entonces apareció una pregunta que todavía nos acompaña: ¿se puede hablar de ambiente sin hablar de todo lo demás?

La respuesta es no. No se puede. Ni se debe.

El problema es que gran parte de los debates ambientales se organizan alrededor de una falsa disputa: "no toquemos nada", o  "toquemos todo". La primera nos deja protegiendo sin gestionar, condenados a ser cuidadores de un patrimonio que no podemos habitar ni transformar. La segunda nos convierte en un país al que le drenan sus bienes comunes, espectadores de nuestro propio saqueo.

Parte del ambientalismo argentino tiene un problema de base, que es debatirse entre dos fantasmas. Uno es el conservacionismo ingenuo que cree que "no tocar nada" es posible en un país donde la pobreza toca todo. El otro es el extractivismo cínico que disfraza de "desarrollo" el saqueo sistemático de nuestros bienes comunes. Ambos extremos, aunque se presenten como enemigos, son funcionales al mismo resultado. En definitiva, que no seamos nosotros quienes decidamos sobre nuestro territorio.

Miremos el caso de los humedales. La discusión que le suele llegar al vecino (que seguramente recibirá el impacto ambiental) no gira en torno a la importancia ecológica de estos ecosistemas. En su lugar, se instala la idea de que un grupo de ambientalistas busca impedir el desarrollo. Y esta simplificación del problema oculta preguntas importantes. ¿De qué desarrollo estamos hablando? ¿No hay otro lugar para construir? Los humedales suelen ser vistos como espacios improductivos, por la lógica del mercado inmobiliario o agropecuario. Error. Los humedales son sistemas de altísima productividad biológica. Regulan el ciclo hídrico, recargan acuíferos, albergan biodiversidad y sostienen múltiples funciones ecosistémicas. Traducción: impiden que se pierda agua potable y protegen a las comunidades cercanas de las inundaciones. Tranqui, nada más y nada menos que eso. 

Les  proponemos viajar un poquito…

En el norte santafesino de comienzos del siglo XX, operó La Forestal Argentina S.A. (De argentina tenía poco y de británica mucho). La empresa llegó a controlar más de dos millones de hectáreas. Su objetivo era la extracción de tanino, el llamado “oro rojo” utilizado por la industria europea para el curtido de cueros. Durante décadas obtuvo ganancias extraordinarias a partir de la explotación intensiva de los bosques chaqueños. Sin embargo, cuando el quebracho comenzó a agotarse -un ejemplar aprovechable puede tardar alrededor de cien años en desarrollarse- y el negocio dejó de ser rentable, la empresa se retiró, dejando tras de sí profundas consecuencias socioambientales que aún hoy son visibles. Los costos ambientales y ecológicos de la explotación de La Forestal se estiman en miles de millones de dólares, según algunas estimaciones. 

La Forestal explotaba un recurso natural y también organizaba la vida económica y social de numerosos pueblos que dependían de su actividad. Su retirada provocó éxodos de población, desempleo masivo y deterioro de las condiciones de vida. Diversos estudios de la época registraron además graves problemas sanitarios entre la población trabajadora. Si bien La Forestal no entra en el debate entre “desarrollistas” y “proteccionistas”, expone crudamente las consecuencias de organizar  un territorio exclusivamente para satisfacer una demanda externa impactando directamente sobre la población. 

En Jujuy, la disputa por el litio adquiere otra dimensión. El viejo argumento desarrollista se presenta ahora bajo el nombre de transición energética. Y como venimos escuchando (o más bien repitiendo) el discurso del norte global sobre la necesidad de abandonar los combustibles fósiles para enfrentar la crisis climática -una crisis que, dicho sea de paso, fue provocada en gran medida por los países del norte-, muchas veces terminamos comprando sin hacernos demasiadas preguntas.

El problema aparece en la letra chica. La bendita transición energética requiere enormes cantidades de minerales estratégicos que se encuentran, en gran medida, en nuestros territorios. ¡Qué suerte la nuestra! Podemos “salvar” al planeta de un quilombo que no provocamos. Pero las cuentas no cierran: nosotros ponemos los recursos y otros se llevan los beneficios. Nos suena familiar, lo que ayer era el quebracho, hoy es el litio; en su momento eran los bosques, hoy los salares. 

Pero ojo, no se trata de refugiarse en el “no tocar nada”. La discusión no debería reducirse a elegir entre la explotación irrestricta o la prohibición absoluta. Pero cuando hablamos de una estrategia soberana, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿De una mayor participación estatal? ¿De industrializar el recurso dentro del país? ¿De desarrollar capacidades científicas y tecnológicas propias? ¿De garantizar la participación de las comunidades que habitan esos territorios? Probablemente de todo eso al mismo tiempo. Porque el desafío no consiste únicamente en extraer litio, sino en decidir para qué se extrae, quién captura el valor generado y qué lugar ocupa ese recurso dentro de un proyecto de desarrollo nacional.

Recordemos que el desafío no es únicamente ambiental. Es también sociocultural desde un enfoque soberano. Se trata de construir una estrategia de desarrollo que responda a las necesidades del país y de las comunidades que habitan esos territorios, y no de ocupar, una vez más, el lugar de simples proveedores de materias primas para satisfacer demandas ajenas.

Sigamos viajando, vayamos al sur, a Chubut. Allí la discusión sobre la megaminería vuelve a plantear la misma falsa disyuntiva: “no toquemos nada” o “toquemos todo”. Permítannos decirles que acá la cosa se pone difícil. No porque exista alguna duda sobre cuál de las posiciones suele argumentar mejor su postura, sino porque los intereses económicos en juego y la capacidad de presión de determinados sectores son enormes. Basta mirar la historia reciente de la provincia para entender hasta qué punto estos debates pueden traducirse en intentos de modificar leyes y torcer decisiones colectivas.

Hay algo que vuelve esta discusión especialmente compleja: no todos los bienes comunes son iguales. No es lo mismo debatir sobre un yacimiento mineral que sobre un glaciar. No es lo mismo discutir la explotación de un recurso que la preservación de una reserva estratégica de agua dulce. Por eso, cuando aparecen glaciares en la ecuación, la discusión adquiere otra dimensión. Y no es porque abandonemos la idea de gestionar nuestros recursos, sino porque existen bienes cuya alteración puede resultar irreversible en escalas de tiempo humanas.

Pero incluso en este escenario creemos que vale la pena seguir haciéndonos preguntas: ¿Existe otra manera de obtener lo que buscamos de una actividad minera? ¿Qué es exactamente lo que necesitamos obtener? ¿Hacia dónde va lo que se extrae? ¿Quién se beneficia de esa extracción? ¿Estamos desarrollándonos a partir de ella o simplemente exportando recursos para que otros agreguen valor? ¿Estamos pensando una estrategia para el país? 

Podríamos viajar ahora al mar, porque ahí tendríamos mucho de qué hablar. La pesca, la soberanía marítima, los recursos estratégicos y los intereses extranjeros merecen una discusión propia. Pero en este espacio, compañeras y compañeros ya han abordado esos debates con profundidad. 

Ampliemos entonces el lente. Alejémonos un poquito...

Hace décadas que América Latina viene pensando sus modelos de desarrollo. Las teorías relacionadas con la dependencia, señalaban que el desarrollo se definía desde los países considerados “centrales” y se ejecutaba sobre nuestros territorios. Los recursos estaban acá; las decisiones, no siempre. Pero tampoco las ideas con las que aprendimos a pensar nuestro desarrollo. Y quizás ahí aparezca una de las discusiones más importantes, que significa la soberanía cognitiva.

Porque no alcanza con tener litio, agua, bosques, humedales o mares. Tampoco alcanza con conocerlos. Necesitamos construir las categorías para pensarlos, los marcos para debatirlos y las preguntas para decidir qué hacer con ellos. Necesitamos dejar de mirar exclusivamente hacia afuera cada vez que buscamos respuestas para problemas que son nuestros.

Dentro del ambientalismo circula una frase muy conocida: “No se puede defender lo que no se conoce”. Coincidimos. Pero creemos que vale la pena darle una vuelta más de rosca: ¿qué pasa cuando se conoce y aun así se daña?

Sabemos que los humedales reducen las inundaciones. Sabemos que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce. Sabemos que la contaminación afecta nuestra salud. Sabemos que la degradación ambiental tiene consecuencias socioambientales “No puede haber cuerpos sanos en territorios enfermos ”. Y, sin embargo, seguimos avanzando sobre esos bienes comunes. El problema no es solamente la falta de información. El problema tiene que ver con intereses económicos, relaciones de poder y modelos de desarrollo que terminamos naturalizando.

Por eso creemos que la discusión ambiental no puede reducirse a una elección entre “no tocar nada” y “tocar todo”. Esa es una distracción funcional al poder foráneo que nos impide pensar alternativas nacionales y regionales. El desafío consiste en construir una mirada capaz de superar ambos extremos. Porque no todos los bienes comunes son iguales. No todos los territorios cumplen las mismas funciones. Y no todas las formas de desarrollo producen los mismos resultados. La discusión ambiental es, en definitiva, una discusión sobre soberanía. Sobre quién decide qué producir, cómo hacerlo, para quienes y a costa de que. Porque el verdadero desafío no es elegir entre no tocar nada o tocar todo. Es construir la capacidad colectiva que tenga como horizonte el bien común.

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